La Ley N° 26.052, sancionada con fecha 27/07/2005, introdujo importantes modificaciones en su similar Nº 23.737 de Estupefacientes, entre las que se encuentran la competencia material y territorial para ciertas figuras y el destino de las multas, beneficios económicos y bienes decomisados. En ese sentido, la norma mencionada en primer término estableció la posibilidad de que las jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante CABA) asuman la competencia penal de ciertos delitos previstos en la Ley N° 23.737, facultándolas a adherir a la norma y, en consecuencia, implementar el traspaso parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes del ámbito federal al ámbito provincial. Estos delitos comprendidos en la Ley N° 26.052 son los que se reconocen como “delitos menores”: tenencia simple de estupefacientes, tenencia de estupefacientes para consumo personal y comercio de estupefacientes al menudeo (fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor, entre otros, manteniéndose dentro del ámbito de competencia de la justicia federal los restantes delitos previstos en la Ley N° 23.737.

Reseña de sentencias que nos permite visibilizar, a través del tratamiento que dan nuestros tribunales a las diversas problemáticas planteadas, la discriminación padecida por el colectivo LGBTI+, las escasas posibilidades de acceso al empleo formal, al cuidado de su salud, la falta de aplicación de la Ley de Identidad de Género /n° 23.791) por algunos juzgados y las distintas formas de violencia a que están expuestas, entre otras vulnerabilidades.

Contiene información actualizada sobre las muertes violentas de mujeres travestis y transexuales por razones de género y el estado de su tratamiento en la justicia luego de la reforma introducida al Código Penal por la ley 26.791, a fin de contribuir a su visibilización.

La Dirección Nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal ha impulsado la producción de conocimiento empírico sobre diferentes aspectos de la cuestión criminal. Entre ellos se han diseñado e implementado los actuales sistemas nacionales de estadísticas en materia policial, judicial y penitenciaria. En ese último aspecto, en el año 2002 se puso en funcionamiento el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) que tiene por objetivo general abordar el conocimiento de la situación penitenciaria, a partir de un censo anual que se realiza en todos los establecimientos de detención del país. El SNEEP se complementa con una serie de relevamientos en otros ámbitos donde hay personas en conflicto con la ley penal, como comisarías, destacamentos de fuerzas de seguridad, dispositivos para niños, niñas y jóvenes menores de edad y prisiones domiciliarias.

En el presente informe se abordarán las distintas decisiones adoptadas por los Estados a instancias de recomendaciones emanadas de organismos internacionales. En especial se detallarán las principales medidas que fueron tomando los distintos países y la cantidad de personas privadas de la libertad afectadas por ellas. Esta información fue obtenida de fuentes oficiales de los Estados involucrados y de datos proporcionados por reconocidas ONGs, excluyendo toda información proveniente de medios periodísticos del mundo, excepto aquellas que publicaran declaraciones de funcionarios de Estado. En algunos casos se hallaron publicaciones acerca de las decisiones tomadas y el impacto producido en la población carcelaria. En otros casos solamente de las medidas adoptadas para evitar la sobrepoblación carcelaria sin indicar la cantidad de personas privadas de la libertad sobre las que impactaron las esas medidas.