El Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) tiene como objeto el conocimiento de la ejecución penal en sentido amplio; es decir, no solamente la ejecución de las penas privativas de la libertad sino también la ejecución de medidas de seguridad, de sanciones contravencionales y las prisiones preventivas que consisten en la privación de la libertad. El SNEEP consiste en un censo sobre la totalidad de los establecimientos penitenciarios del país y las personas que se encontraban privadas de libertad al 31 de diciembre de cada año. Se basa en dos tipos de cuestionarios: uno para la institución penitenciaria y otro para las personas privadas de libertad. El SNEEP representa la estadística oficial en materia penitenciaria (Ley N°25.266) y se utiliza, como insumo en los Anuarios Estadísticos del INDEC y para responder requerimientos internacionales como el Cuestionario de Tendencias Delictivas de Naciones Unidas (CTS). Anualmente se publican un informe general a nivel nacional, otro del Servicio Penitenciario Federal y 23 informes de cada jurisdicción provincial. También se publica la base de datos completa del SNEEP con un acceso a un sistema de consulta online, que permite establecer filtros de búsqueda de datos. En el año 2022 en Argentina había 105.053 personas privadas de libertad en 330 unidades de detención, lo que implica una tasa de 227 cada 100.000 habitantes.

The National Directorate of Criminal Policy on Justice and Criminal Law of the Ministry of Justice and Human Rights, as provided by Law 25266 of 2000, is the body in charge of preparing official statistics on crime and the functioning of the criminal justice system. Within this framework, the Directorate created the National Criminal Statistics System in order to compile the information recorded by the agencies that make up the criminal justice system in the country. As one of the links within this general system, the National System of Statistics on Sentence Execution (SNEEP) was implemented in 2002, which covers the population deprived of liberty for a criminal offense. In Argentina there are penitentiary institutions at the federal level, with units located throughout the country, and at the provincial level through their own penitentiary institutions, generally organized in the form of a provincial penitentiary service or similar scheme. That is to say, it is a plurality of organizations located under different legal and political powers. This complex organization made it difficult to design a valid system for periodic collection of comparable data for the entire country, which has the same units of analysis and has the necessary scientific rigor. In this regard, beyond some pioneering efforts, such as the First National Prison Census carried out in 1906, it was never possible to establish a periodic and uniform census survey that would account for the total prison population of the country until the launch of the SNEEP. Furthermore, in our country there is a population deprived of liberty for violation of a criminal law not only in the penitentiary environment. We are referring to the cases of people detained in police stations or security force detachments, children and adolescents in conflict with the life criminal law in specific devices and people who are under house arrest. To address these groups, the Directorate carries out three independent surveys that are prepared and published in parallel to the SNEEP.

El presente relevamiento tiene por objetivo conocer y analizar la cantidad de personas que se encuentran detenidas en comisarías o destacamentos de Fuerzas de Seguridad por jurisdicción. A tal fin, este estudio es completado por todos aquellos organismos responsables de la custodia, el control y registro de éstas personas detenidas: policías provinciales, de la Ciudad de Buenos Aires, Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Seguridad Aeroportuaria. Este sistema forma parte del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) que abarca la totalidad de la población privada de libertad por una infracción penal. Los datos que surgen de este relevamiento al día 31 de diciembre del año 2022, en la República Argentina da cuenta de un total de 12.757 personas detenidas.

El relevamiento tiene por objetivo conocer y analizar la cantidad de personas que se encuentran cumpliendo prisión domiciliaria con y sin monitoreo electrónico, por jurisdicción. El mismo fue remitido a todos aquellos organismos responsables del control y registro de aquellas personas detenidas en esa condición, más allá del ámbito jurisdiccional en el que se desempeñen. En el informe se analizan las variables más relevantes en relación a las personas que se encuentran detenidas con prisión domiciliaria (según género, edad, situación judicial, estado de vigilancia electrónica, tipo de organismo a cargo, tipos de delitos, nacionalidad, motivo de incorporación a la prisión domiciliaria, duración de las condena, cantidad de hijos/as), así como también un comparativo de estas variables en relación a la población relevada en el SNEEP de dicho año (analiza personas privadas de libertad en unidades de detención), un análisis comparativo respecto a los informes de los años anteriores (comparativo 2022 vs 2021, 2020 y 2019), y un análisis aparte detallado por cada jurisdicción.

En los últimos años, se han llevado a cabo diversas investigaciones con perspectiva de género a fin de visibilizar y desnaturalizar la discriminación contra las mujeres. Así, en ocasión de realizar un estudio sobre “Mujeres y personas trans privadas de libertad” (Zarza, et al. 2018), tomando como base la información registrada en el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena, hemos censado casos de madres que viven con sus hijos o hijas en las distintas unidades penitenciarias de nuestro país. Esto motivó nuestro interés en indagar no sólo la cantidad de niños y niñas que viven con sus madres en prisión sino también ciertos aspectos de sus vidas como lugares de alojamiento, educación (guardería, jardín, recreación), controles de salud y alimentación, entre otros, con la finalidad de posicionar esta temática y aportar a la generación de políticas públicas que garanticen sus derechos. Esto dio lugar a nuestro primer estudio cuantitativo sobre este tema, en el año 2018.